07 octubre 2007

Episodios Nacionales, editorial de EL PAIS

Hoy el editorial del Diario EL PAIS, es de esos que, desde mi punto de vista, marcarán un punto de inflexión, en una serie de temas... pero como no quiero condicionar, lo mejor es que cada uno/a lo lea y saque sus conclusiones.

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EDITORIAL
Episodios nacionales

EL PAIS 7 de oct de 2007
No deja de resultar un contrasentido que lo único que sepa Ibarretxe acerca de la consulta que pretende convocar sea la fecha, no la materia que se propone consultar. Amparándose en el sobrentendido de que la democracia está por encima de la Constitución, y de que, por tanto, no puede ser ilegal una iniciativa para la que no tiene competencia, actúa como si pensara que las instituciones y las leyes fueran un juego de niños frente al destino manifiesto de ese singular pueblo vasco que sólo existe en su discurso, y que sería un ente distinto de los miles de ciudadanos que viven y trabajan en el País Vasco.

La mesiánica ensoñación del lehendakari, propia de todas las religiones patrióticas, está sin duda condenada al fracaso. Pero, entretanto, ya está cosechando una victoria colateral, que es la de haber inducido en algunos sectores de la sociedad española, tanto de la izquierda como de la derecha, una interpretación única y seguramente equivocada de episodios aislados y minoritarios ocurridos durante las últimas semanas, como la quema de fotografías del Rey o la negativa a izar la bandera española en algunos Ayuntamientos gobernados por una mayoría nacionalista.

Gracias al discurso de Ibarretxe en el debate de política general celebrado en la Cámara vasca, se está instalando la idea de que se vive una ofensiva nacionalista sin precedentes cuando, en realidad, estamos ante una respuesta sin precedentes ante una ofensiva nacionalista que el sistema constitucional de 1978 siempre ha sabido mantener a raya. Respuesta sin precedentes no por su intensidad, sino por la torpeza de creer que lo que hay enfrente es un único y poderoso adversario, en lugar de varios adversarios diferentes, unos dentro del sistema y otros acampados extramuros.

Ibarretxe sabe que no se puede celebrar una consulta en el País Vasco si no es en el marco de una reforma estatutaria. Ésa es la vía que escogió para llevar su plan hasta el Congreso de los Diputados hace dos años, pese a que desbordaba con creces los límites de una reforma estatutaria, y donde decayó al ser rechazado por el voto mayoritario de la Cámara. Si ahora se propone reactivarlo no es por el referéndum por donde debe comenzar; es por una nueva aprobación de su plan en la Cámara vasca, en la que tendría que dejar constancia otra vez ante sus electores de que está dispuesto a aceptar los votos de un partido que no condena la violencia y que se ausenta del pleno dedicado a las víctimas del terrorismo.

Unos cientos de fanáticos quemando fotografías del jefe del Estado no están en condiciones de poner en riesgo el sistema constitucional, y la prueba reside en que, unas veces desde la ultraderecha y otras desde la ultraizquierda, no lo han logrado en sus 30 años de vigencia, durante los que no son éstos los primeros ni los más graves incidentes que han sido controlados. El único riesgo real de este comportamiento a la vez incívico e infantil es que termine arrastrando a las instituciones del Estado, y en particular a la justicia, a la espiral de acción y reacción que pretenden desencadenar los alborotadores.

Quemar una foto del Rey en una manifestación ilegal son dos delitos, uno perseguible a instancia de parte y otro de oficio. La mejor manera de proteger la Monarquía parlamentaria es perseguir el segundo y abstenerse en el primero, por más que la acción de quemar una fotografía del jefe del Estado merezca una taxativa condena política de la que no están eximidos ni los partidos nacionalistas ni los que se declaran republicanos. Porque lo que está en cuestión no son las creencias de los alborotadores, sino el medio incivil de manifestarlas, y de ahí la contradicción en la que ha incurrido Esquerra al denunciar la quema de banderas catalanas como un ataque a Cataluña y justificar la quema de banderas españolas en nombre de la libertad de expresión.

El Partido Popular ha anunciado que su rama juvenil, Nuevas Generaciones, lanzará la campaña Nuestro orgullo, nuestra casa, nuestra gente, nuestra nación, somos España para hacer frente a la negativa de algunos ayuntamientos a izar la bandera española. En el marco de esta iniciativa, los jóvenes populares se proponen llevar la enseña nacional hasta los municipios en los que no ondee, para que, según dicen, nadie pueda alegar que no la tiene. Están en lo cierto los dirigentes del Partido Popular cuando dicen que no se trata de una provocación; en realidad, se trata de algo peor: del intento electoralista de un partido de tomarse la justicia por su mano.

Los ayuntamientos en los que no se iza la bandera española están infringiendo la legalidad, y en el Estado de derecho son los tribunales y las fuerzas de seguridad, no los partidos políticos, los encargados de restablecerla. Con esta campaña, el PP parece instalarse en la idea de que el nacionalismo con nacionalismo se combate. Cuando dicen "somos España" están legitimando a otros para que digan "somos Euskadi" o "somos Cataluña". El problema no es la definición de España, Euskadi o Cataluña, sino desmentir a quienes en uno u otro ámbito pretenden hablar en nombre de todos.