26 octubre 2005

Construye ilegal que al PP le da igual

El caos urbanístico que ahora se pretende legalizar por parte del PP balear en Eivissa y Formentera es la consecuencia directa del saber hacer del alcalde de Santa Eulalia, Vicente Guasch; del alcalde de San José, José Serra Escandell, y del ex-alcalde de San Antonio, Antonio Marí Tur. Su desastrosa gestión municipal se califica de suspenso en materia de ordenación territorial y urbanismo, por mucho que autoproclamen a bombo y platillo su “gran gestión” al servicio de la comunidad. El reconocimiento de Pere Palau de que existen numerosas viviendas ilegales en las islas Pitiusas es fruto de los irresponsables políticos del PP en todos sus ayuntamientos, que las han consentido. En cualquier empresa privada (gestión que siempre propone el PP) a estos señores se les habría suspendido de empleo y sueldo y estarían haciendo cola en el paro por su mala gestión. Pero en el PP esto no ocurre, lo más probable es que les dediquen una calle o una plaza o les otorguen alguna distinción cuando acaben con su nefasta gestión municipal. Ésta es la verdadera moralidad del PP. El caso de la vivienda de Michael Cretu es sólo calderilla al lado de las multimillonarias indemnizaciones que habría que satisfacer a todos aquellos propietarios que tienen una vivienda afectada por el P.D.S.U. de Santa Eulària, anulado por sentencia del Tribunal Superior de Balears y declarado ilegal. ¿Se imagina el alcalde de Santa Eulalia las indemnizaciones de todas las viviendas y edificios que tendría que pagar en el pueblo de Sant Carles, o en Santa Gertrudis o en Jesús, por poner sólo un ejemplo? Para el PP, eso no significa nada. Formentera es el único Ayuntamiento que, durante el mandato de la COP, actuó con plena responsabilidad política aplicando el principio de legalidad igual para todos y creando seguridad, basada en el principio de autoridad que garantiza a todos las mismas posibilidades ante la ley. El PP, en cambio, aplica el principio de ´el favor para el amigo y la ley para el enemigo´. En el Ayuntamiento de Formentera, actualmente, se han preocupado de desmontar el departamento de disciplina urbanística, de actividades, y de dejar sin efecto todas las mejoras y servicios instaurados para su mejor efectividad por el anterior equipo de Gobierno de la COP. Sólo la incapacidad y el más absoluto desconocimiento de la gestión municipal a cargo del responsable de dicho departamento pueden justificar que se derive la gestión municipal hacia el Consell, desentendiéndose de sus mayores obligaciones, justo en una etapa en que se pretende obtener una mayor autonomía de la gestión municipal en Formentera frente a Eivissa, y esto es justamente lo contrario que se propone desde el actual equipo de gobierno de Formentera. ¿Qué va a pasar con los expedientes realizados por las infracciones urbanísticas cometidas sin respeto a la ley? ¿Qué va a suceder con las edificaciones ilegales que carecen de licencia de apertura e incumplen normas de medio ambiente, turismo, urbanismo etc...? Recuerden, señores del PP, que su obligación y responsabilidad es hacer cumplir las leyes y normas, y que su actuación lenta o nula es contraria a lo que los ciudadanos necesitan, es un fraude a las elecciones y a la democracia que se sustenta en la legalidad. Recuerden ustedes que cuando accedió la COP al Ayuntamiento de Formentera el departamento de Urbanismo había sido quemado, y la COP lo organizó de nuevo en nueve meses e instruyó casi 300 expedientes de infracción urbanística para devolver la confianza a los ciudadanos, en el sentido de que la ley es para cumplirla todos por igual. El favor de las tramas urbanísticas del PP en Santa Eulalia, la imputación de los máximos responsables de su Ayuntamiento, del ex-alcalde de San Antonio y la dejación a sabiendas de sus obligaciones en materia de urbanismo del Alcalde de San Josep. El incumplimiento de las sentencias de demolición pendientes determinan claramente su gran irresponsabilidad política y la historia les recordará y les colocará en el sitio que se merecen. En Formentera, desde que accedió al poder la coalición PP-GIF-PREF, no saben o no contestan, sólo se les puede ocurrir pintar de colores las casas prefabricadas para ver si de esa manera se pueden legalizar. (*) José Ramón Mateos es concejal de la COP en el Ayuntamiento de Formentera

10.11.03