El respeto a la ley

José Ramón MATEOS Mirando las noticias de la TV, en Telecinco, ya que las noticias de TVE no se pueden ver, por partidistas y radicales, me sorprendieron las manifestaciones del candidato del PP a presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, donde con relación al "problema Vasco" y en concreto al Plan Ibarretxe, indicaba con vehemencia, que el principio de la democracia se basa en el respeto a la ley y a las decisiones judiciales, debiendo respetar su imparcialidad, como garantía de convivencia y respeto entre todos los españoles y como base fundamental de los principios constitucionales.Seguramente, Mariano Rajoy está muy mediatizado con el Plan Ibarretxe y no se ha enterado de cómo suelen funcionar las cosas en Baleares, y más concretamente en Ibiza, entre sus acólitos.Aquí todo el mundo sabe que la ley se aplica al enemigo y el favor al amigo, por los gobernantes de PP, y prueba de ello es que cuando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares falla en contra del Ayuntamiento de San Antonio en el caso Cretu, todo vale con tal de salvar a los amiguetes involucrados, léase Antonio Mari Tur, ex-alcalde, y ahora diputado del PP en el Parlament Balear como premio a su brillante gestión municipal.Cuando los desastres urbanísticos perpetrados con conocimiento por los alcaldes de San Josep, y de Santa Eulalia, se hacen evidentes y son puestos en manos judiciales, parece que la Justicia no va con ellos.La frase del alcalde de Santa Eulalia, imputado en delitos contra la ordenación del territorio, a la salida de los juzgados, cuando afirmó: "Hoy en día se imputa a cualquiera...", deja a la altura del ridículo las manifestaciones de Rajoy. Me gustaría ver la cara de Mariano escuchándole.El actual alcalde de San Antonio, José Sala, es bien conocido por sus dictámenes jurídicos cuando trabajaba para la CIU, que coincide curiosamente, defendiendo a la empresa Calas del Mediterráneo, promotora del campo de golf de Cala d´Hort, y en el tiempo, con los informes favorables de la CIU para la licencia ilegal de la casa de Cretu.He leído esta semana en el Diario de Ibiza que ha aparecido otra licencia de una ampliación de una vivienda encima de la cota 200, en terrenos catalogados por la LEN como inedificables. Esta licencia también está otorgada por el anterior Consistorio del PP sanantoniense.De todos es sabido que una sentencia sobre una licencia ilegal, y además ratificada por el TSJB, deviene inamovible, y las maniobras para descafeinarla con la Ley de Acompañamiento son a todas luces un flagrante fraude de ley, que puede traer muchos más problemas al Ejecutivo en caso de seguir en su empeño.La consecuencia de una licencia ilegal consumada produce un delito contra la ordenación del territorio, y el Código Penal es muy claro cuando determina que los responsables técnicos que informaron favorablemente dicha concesión, así como los miembros de la Corporación que votaron a favor de ella, y el alcalde que la firmó son los únicos responsables directos del mismo, y responderán con su patrimonio de las consecuencias indemnizatorias que se deban de realizar.Luego ya está bien de hacer creer que los desaguisados urbanísticos, fruto de la nefasta gestión del PP, los deben pagar los ciudadanos de San Antonio, esto es un insulto a todos los ciudadanos del municipio.No sería de extrañar que, ante estas posibles expectativas, los antiguos miembros del Consistorio traten de declararse insolventes, aunque los ciudadanos también sabemos que el alzamiento de bienes está perseguido por la ley, y el Registro de la Propiedad tiene fechas concretas y datos para evitar mayores burlas al sistema de Derecho público.Solamente con la transparencia y la legalidad se puede ofrecer al ciudadano el verdadero servicio que la sociedad demanda a la clase política. Las demás actitudes son propias de otros tiempos, aunque en Ibiza todavía se mantienen, mientras no se renueve totalmente a los dirigentes actuales.(*) José Ramón Mateos es concejal de la COP en el Ayuntamiento de Formentera

10.12.03